DE LA APLICATORIEDAD DE LA JUSTICIA ELECTORAL.

Hace unos días me enervaba al escuchar en el programa de “estudiantes” opinólogos que criticaban al Instituto Nacional Electoral calificándolo de ser capaz de organizar elecciones e incapaz de impartir justicia.

Lo cual es totalmente erróneo, ya que en efecto, es: “un organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones” toda vez que en nuestro régimen jurídico como Nación los poderes se dividen en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el responsable de impartir justicia en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Sin embargo si hay que reconocer que los criterios administrativos de éste, son “más parejos” para unos, que para otros. Habría que ver el caso de Xochitl Galvez candidata a jefa delegacional de Miguel Hidalgo por el PAN quien hasta hace poco aspiraba a participar en su entidad natal (Hidalgo) de la que fue candidato a Gobernadora -y que para este proceso 2015 suspiraba por otra candidatura- por disposición de la Sala Superior del TEPJF el IEDF la hace candidata a pesar de que su credencial de elector claramente refleja como dirección el estado de Hidalgo.

Al poder comprobar su residencia en el Distrito Federal por más de tres años con recibos de servicios, se le concedió el registro “salvaguardando sus derechos políticos” en base al derecho de votar y ser votado (Art.-35 II) sin embargo se omite una parte importante, la OBLIGACIÓN de los ciudadanos de la Republica:

“Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes” (Art.- 36 I, CPEUM)

Y que la propia normativa del Distrito Federal establece que para ser candidato a jefe delegacional se requiere residencia de al menos tres años, esta impartición de las leyes es subjetiva si analizamos el caso de la candidatura “tirada” a Marcelo Ebrard Casaubon por la supuesta simultaneidad de procesos internos en PRD y PMC.

Todo esto, al tenor de que: “participo manera simultánea, sin que existiera entre éstos convenio alguno para participar en coalición.” A pesar de ser incluido en la lista de Movimiento Ciudadano bajo la figura de candidato ciudadano y que el proceso invocado a violaciones estatutarias en la selección de candidatos y que corresponde de origen solamente a los militantes de los partidos en cuestión el derecho a la salvaguarda de sus derechos políticos, no es el IEDF ni el TEPJF quien pueda ser el promovente.

Siendo que renuncia a su militancia en el PRD el 27 de febrero de 2015 y que la lista de candidatos del PRD es aprobada el 22 de febrero, sin que existiera impugnación del proceso o algún otro acto de partido por el candidato y que la lista de candidatos del Partido del Movimiento Ciudadano es aprobada de manera posterior, no puede aplicarse la simultaneidad toda vez que un proceso de precandidatura es cerrado en un partido y en el otro es concluido con fecha posterior.

Queda claro que el piso no es igualmente parejo para todos los ciudadanos, y esto, aunque Marcelo Ebrard (de quien se puede seguir, soy detractor) no lo admita, se trata de un bloqueo no sólo de quien él se atreve a acusar, sino de su contendiente directo: Andres Manuel Lopez Obrador, recordando que “En política, todos somos amigos, hasta que queremos lo mismo” y que como señala René Cervera García, quien fue jefe de la oficina del ex jefe de gobierno, “ existe un frente común de fuerzas políticas contra Ebrard, y la cabeza es el actual jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa”

Ni hablar del caso de los “candidatos ciudadanos” quienes con la más grande discrecionalidad fueron aprobados o rechazados sus registros, toda vez que quienes hemos estado en áreas directivas de procesos sabemos de la facilidad de ver la paja en el ojo del ajeno y no ver la viga en el del amigo, cuando del cumplimiento de sus requisitos se trata.

Hablamos particularmente del cumplimiento en la calidad y validez de apoyos.

Así las cosas en la arena electoral mexicana.

Ángel Leal Galicia es politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, Consejero Político del PRI en el Distrito Federal, Secretario Técnico de la Sociedad Iberoamericana de Politólogos y Administradores Públicos, Presidente de la Organización Corresponsabilidad Ciudadana y consultor político.

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